El juicio por la expropiación de YPF lleva 10 años de trámite en el tribunal de la jueza Loretta Preska, a cargo del estrado del Segundo Circuito de Nueva York. Aún lejos de la definición final y se complejiza cada vez más.
Preska ya condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Los intereses corren desde entonces y esa cifra ya aumentó en unos USD 2.000 millones. Son USD 18.000 millones de una acreencia extra, “inesperada” e imposible de pagar para una país al que, además, le cuesta horrores sumar reservas al Banco Central.
Ese fallo “madre” fue apelado y tendrá la primera audiencia recién a fines de octubre, luego de las elecciones legislativas nacionales.
Mientras tanto, Burford Capital, el principal beneficiario del caso, interpuso una serie de acciones en el tribunal de Preska, para presionar al país y forzarlo a negociar, algo que Argentina se niega a hacer desde hace una década.
En ese sentido, ese bufete que cotiza en Londres y Wall Street y compró los derechos de litigio en esta demanda, trata de demostrar la condición de “alter ego” del Estado y la petrolera. Esto es, que son “lo mismo” y no existe independencia entre la compañía y el poder político, al igual que pasaría con otras compañías y organismos, desde Enarsa hasta el Banco Central. El objetivo final de esa búsqueda, algo legalmente muy difícil de demostrar, es “hacer ruido”. Para eso, por caso, pidió acceder a correos electrónicos, chats y otros documentos de Luis Caputo y Sergio Massa, los dos últimos ministros de Economía del país.
En este último punto, el turnover accionario, habrá novedades en las próximas horas, el martes. Preska, que parece estar algo cansada de las estrategias de defensa local –dilatoria al extremo, cree– y así lo explicita en sus escritos y fallos cada vez que puede. Ya determinó que las acciones deben ser entregadas. Argentina apeló y sobre esa decisión habrá novedades el 25 de septiembre cuando se presentan los escritos argumentales de las partes.
Burford quiere cobrar o negociar. Argentina seguirá sin sentarse con este litigation funder inglés –que por su accionar muchos comparan con un fondo buitre–, según juran en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). El organismo que lleva adelante la defensa del Estado ya cambió de cabeza en lo que va de la gestión de Javier Milei y que ahora es dirigido por Santiago Castro Videla.
En el capítulo de entrega de acciones, el país pidió un stay: suspender la acción hasta que se defina la apelación. Pero como permite el proceso en EEUU, Preska podría exigir embargos o la entrega accionaria incluso con la apelación pendiente. Argentina quiere asegurarse de que eso no ocurra, pero sin poner garantías. Algo así como una apelación “en descubierto”. Burford quiere todo lo contrario. Preska, también.
Qué podría pasar el martes
Estas son los principales caminos que podría tomar la Corte de Apelaciones de Segundo Circuito la semana próxima:
- No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
- Concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
- Concede la suspensión a Argentina.
Si ocurre alguno de los primeros dos puntos, es casi un hecho que Argentina apelará a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una medida que los expertos definen como “poco habitual” por tratarse de un tema administrativo, pero el Estado estaría dispuesto a solicitarla, según fuentes consultadas por este medio. Burford dirá que Argentina sólo quiere seguir demorando y Preska seguramente esté de acuerdo con eso, aunque seguramente esperará la decisión de la instancia máxima de la justicia de EEUU. Por el tipo de trámite es muy posible que el tribunal superior decida rápido: en general, son casos en los que decide no intervenir y, por lo tanto, queda vigente la decisión de la Cámara de Apelaciones.