Tras reunirse con los jefes y subjefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad a su cargo, Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de la Nación, anunció un despliegue de 8500 efectivos en el AMBA para asegurar el control de las nuevas restricciones horarias y de movimiento impuestas anoche por el presidente Alberto Fernández. Así, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la PSA realizarán chequeos a personas en la vía pública, en colectivos y trenes, controles vehiculares en retenes en peajes y autopistas.
La pregunta es obvia:¿la orden es arrestar? ¿Qué pasa con quienes violan las restricciones?
El decreto firmado la semana pasada por el presidente incluye dos artículos del Código Penal que podrán ser violados por quienes no acatan las restricciones horarias y de movimiento: el artículo 205, que castiga con seis meses de cárcel a quienes vulneren las medidas para impedir que se propague una pandemia, un delito federal y el artículo 239, una simple resistencia a la autoridad que tramita en el fuero de instrucción.
Supongamos que un infractor es detenido en un control. La decisión no es del policía. El decreto 235 firmado el 8 de abril establece en su artículo número 25: “Cuando se constate la existencia de infracción al presente decreto o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente”. Cerca de la ministra Frederic remarcan: “La decisión es de la fiscalía o juzgado”.