El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputadp por lavado de activos, en el marco de una investigación en la que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil. También quedó imputada la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, su hermana, un juez de La Plata y el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El foco esta puesto en saber si, desde diciembre de 2021, los involucrados han incrementado de forma ilícita e injustificada su patrimonio, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”.
La causa se inició en octubre con la denuncia de un particular por una trama de “gestores” que contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y prometían darla de baja del sistema. A esa denuncia se sumó como particular damnificada la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, que había experimentado una merma considerable en su recaudación mensual por las infracciones. Además, a través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.
De acuerdo a la resolución de González Charvay, tras el dictamen fiscal, “el objeto procesal de la presente es determinar si el Sr. Jorge Alberto D’Onofrio y/o la Sra. Claudia Nélida Lucía Pombo, al menos durante el período que comprende al primero de ellos desempeñándose como Ministro de Transporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por sí mismos y/o a través de interpósitas personas físicas o jurídicas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza (que estaría conformado al menos por Facundo Asencio, Agustina Cuadra, Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo y Héctor Marcelo Suárez Basail), pusieron en circulación en el mercado bienes provenientes de delitos (siendo presuntamente estos, al menos, aquellos que fueran detallados en la denuncia -y que serán abarcados en las diligencias que habrán de solicitarse-), que habrían cometido en el ejercicio de la función pública local, y que actualmente estarían siendo investigados en el marco de las siguientes I.P.P.: N° 10- 00 -041617-24/00 “Secutrans S.A. S/ asociación ilícita” del Juzgado de Garantías Nro. 5 de Morón, N° 15-00-41213-24 del Juzgado de Garantías Nro. 2 de San Martín y N° 06-00-56058-23/00, caratulada “Quattrochi s/ fraude a la administración pública” de la UFI N°11 de La Plata; con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito -cf. art. 303 e inc. 2° apartado b) del Código Penal, según Ley 27.739″.